Brasília, 9 de julio – El Ministerio de Transparencia y la Contraloría General Federal (CGU y la Abogacía General Federal (AGU) firmaron un acuerdo de indulgencia con Odebrecht S.A. por aproximadamente R$ 2,7 mil millones. Éste es el mayor acuerdo jamás firmado por los dos órganos federales y fortalece la seguridad jurídica de las acciones de combate a la corrupción en Brasil.

“Este acuerdo nos permite avanzar de forma más sostenible en la reanudación del crecimiento, principalmente en Odebrecht Ingeniería y Construcción. Nuestro compromiso es actuar como ejemplo de ética, integridad y transparencia en búsqueda de proyectos que exigen lo mejor que tenemos a ofrecerle a la sociedad: la experiencia técnica de quien es reconocido como uno de los mejores representantes de la excelencia de la ingeniería brasileña”, dijo el director presidente de Odebrecht S.A., Luciano Guidolin.

El acuerdo también sirve al interés público al permitir la preservación de la empresa y la continuidad de sus actividades, de los empleos y del pago de impuestos, con la generación de ingresos necesarios para pagar los valores acordados.

El valor fue calculado por los equipos de la CGU y la AGU y será deducido del valor del acuerdo de indulgencia firmado por Odebrecht con el Ministerio Público Federal (MPF) y autoridades estadounidenses y suizas en diciembre de 2016. Será pagado en 22 años con corrección monetaria según la tasa SELIC. Los recursos serán destinados a Petrobras y a otros órganos de la administración federal.

Este acuerdo servirá de ejemplo para diseminar las buenas prácticas esperadas en las relaciones público-privadas. Con la conclusión de esta acción, serán extinguidas las acciones de improbidad y las acciones administrativas conducidos por la AGU y la CGU contra Odebrecht y su grupo económico por los hechos en ella revelados.

Acervo de pruebas

El acuerdo es resultado de una actuación conjunta de la CGU y de la AGU según lo previsto en la Ordenanza Interministerial nº 2.278/2016. Los dos órganos reconocen su importancia en el combate a la corrupción por el acervo de pruebas presentadas por la empresa, que contribuirá a reparar los daños causados y a aplicar las sanciones a los agentes públicos y privados involucrados en la práctica de actos ilícitos. Además del elevado valor de resarcimiento y multa para la Nación, otro punto destacado de esta negociación fue el alto grado de colaboración reconocido por los órganos, lo que permitirá utilizar los hechos revelados para su actuación en el combate a la corrupción.

En los términos del documento, la CGU y la AGU se comprometieron a defender la validez y eficacia del acuerdo en todas las instancias y a tomar medidas legales para su efectividad, inclusive para evitar que la empresa pague dos veces por los mismos hechos, y evitar actos discriminatorios por terceros por el hecho de que Odebrecht firmó el acuerdo. También preserva la competencia constitucional del Tribunal Federal de Cuentas (TCU).

Además, el acuerdo reconoce la robustez del actual programa de integridad de las empresas del grupo Odebrecht, que será también seguido por la CGU. Desde marzo de 2017, Odebrecht ya está bajo monitoreo externo independiente bajo supervisión del MPF y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por el nuevo acuerdo, el grupo se compromete a implementar la certificación ISO 37.001 para asegurar medidas de prevención de ilícitos y buscar el grado máximo de ética y transparencia en la conducción de los negocios de las empresas.