Después de los avances en la legislación internacional y brasileña, y el empujón de las investigaciones sobre corrupción en Brasil, empresas nacionales incluyeron definitivamente en su lista de prioridades la implantación y la mejora de programas de conformidad, como se denomina al sistema, las acciones, las actitudes y la postura que orientan o, inclusive, les imponen a las empresas actuar siempre dentro de la ética. El desafío es pasar del papel a la práctica con medidas que tengan un verdadero impacto en el día a día de los negocios.

La conformidad en la economía mundial tuvo su primer impulso en la década de 1970. Después del pago de sobornos hecho por grandes corporaciones estadounidenses, surgió la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero), que establece sanciones para empresas y ejecutivos encontrados en flagrantes en actos de corrupción fuera de Estados Unidos. La ley también exigió mejoras en los controles internos de las compañías.

En los años 1990, la United States Sentencing Comission (USSC) definió las bases para la implantación de programas de conformidad y ética en la iniciativa privada. En la década siguiente, la Ley Sarbannes-Oxley determinó medidas amplias de transparencia para empresas y prestadores de servicios de auditoría, en especial para las que cotizan en bolsa. Paralelamente, el combate a la corrupción ganó status global en convenciones internacionales en el ámbito de la ONU, de la OEA y de la OCDE. En Brasil, dicho proceso resultó en la Ley Anticorrupción, de 2013, que hace referencia a un programa de integridad para empresas posteriormente detallado en su decreto de reglamentación.

Más recientemente, acuerdos de indulgencia firmados por el Ministerio Público Federal con empresas investigadas por corrupción también establecieron la exigencia de implantar programas de conformidad con base en referencias internacionales. El rápido aumento del interés por el tema queda claro, por ejemplo, en la creciente búsqueda del sello de integridad Pró-Ética, del Ministerio de la Transparencia. Este año, 171 empresas cumplieron los requisitos para ser evaluadas, número más que el doble que el de 2016. La mayor parte de ellas son grandes empresas.

Sin embargo, investigaciones como la Operación Lava-Jato han demostrado que no basta adoptar en la empresa un bello conjunto de normas, aunque se basen en los mejores estándares internacionales. El desafío está en garantizar en la práctica que la empresa hará negocios dentro de la ética. El primer paso es el compromiso de los líderes, el llamado “tone from the top”. Un buen sistema de conformidad debe ser desdoblamiento de la estrategia de negocios a partir de una decisión debatida y aprobada por el board de la compañía. El papel del área de conformidad es principalmente educativo, ya que los verdaderos dilemas éticos surgirán directamente para quien está haciendo negocios.

El sistema de conformidad debe ser implantado con planificación y evaluación permanentes siguiendo siempre los modelos más eficientes. Las medidas concretas adoptadas y comunicadas con el transcurso del tiempo son la mejor forma de conquistar credibilidad tanto de la plantilla de empleados como del público externo. Son la prueba de que el compromiso de la empresa es serio y no solamente un conjunto de buenas intenciones.

Las acciones prácticas deben tener impacto en toda la cadena de valor. Es necesario exigir que proveedores, para dar un ejemplo, adopten la misma regla ética, propagando así los beneficios a todos los agentes con los que la empresa se relaciona. Otra forma de mostrar la convicción de los líderes es la participación en acciones colectivas. Al participar activamente en iniciativas y organizaciones no gubernamentales que promueven conductas éticas en los negocios, la empresa transmite una fuerte señal de su compromiso y contribuye a estimular buenas prácticas en todo su mercado de actuación.

Transparencia absoluta y adecuada rendición de cuentas de las medidas adoptadas permitirán que la sociedad siga el progreso del programa e, inclusive, exija mejoras. La empresa debe estar abierta a escuchar, dialogar y debatir el tema con todos los públicos. Ésta también es una forma de sensibilizar a la opinión pública hacia la necesidad de que los agentes públicos en todas las esferas adopten sistemas semejantes de orientación, control y vigilancia.

Las empresas están haciendo su parte reforzando sus sistemas de conformidad y transformándose para actuar siempre con integridad, ética y transparencia. Cabe vigilarlas siempre. El atraso y los riesgos no están en el sector público, por ahora muy lento en hacer las transformaciones, cuando no las ignora. La presión de la sociedad y las consecuencias de las investigaciones y sentencias judiciales recientes ciertamente ayudarán a cambiar este escenario.


André Amaro es asesor especial del director presidente de Odebrecht S.A., coordinador del Comité de Conformidad, ingeniero civil de la UFMG y MBA del IMD.